Este es un artículo de Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que combate la casi única versión que se está dando en los medios sobre el tema de la nacionalización de YPF. Yo solo añadir que prefiero un gobierno que nacionaliza las empresas que da beneficios, que uno que nacionaliza las que tienen pérdidas, y privatiza las que dan más beneficios.
La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.
Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.
Desde que fue privatizada, Repsol tiene su cerebro y su alma puestos en otros lugares e intereses y no se puede decir que haya sido España en su conjunto quien se haya beneficiado de su actividad empresarial. Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas española al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes.
Es por ello una perversión inaudita que el gobierno y ex políticos en su nómina salgan a defenderla y que no dijeran nada cuando Repsol actuaba de esa manera lesiva para la economía nacional.
Y si la actuación en España de Repsol ha resultado tan escasamente beneficiosa para nuestros intereses nacionales su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que los españoles “de bien y como Dios manda”, por utilizar la expresión que tanto le gusta a Mariano Rajoy, hubieran condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías, especialmente, por cierto, en las tierras que en los discursos oficiales tanto alabamos considerándolas como nuestras hermanas. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen Patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que poder llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación.
¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos?
En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.
Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario.
Y la defensa numantina que ahora quiere hacer de Repsol el gobierno resulta verdaderamente patética y vergonzosa cuando día a día se somete sin más a los mercados, a los bancos que han provocado la crisis, a los grandes grupos empresariales y al gobierno alemán que impone medidas totalmente lesivas para los intereses españoles. ¡Eso sí que merecería una respuesta valiente y patriota por parte de nuestro gobierno y de los medios de comunicación!
Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones
Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.
